La nueva Gigabit Infrastructure Act (GIA) promete conectar Europa, pero enfrenta desafíos clave

La Gigabit Infraestructure Act (en adelante GIA) surgió bajo la premisa de fomentar una conectividad más rápida, generar confianza y fomentar el uso intensivo de datos. Este proyecto viene a sustituir la Directiva de Reducción de Costes de Banda Ancha (en adelante BCRD), vigente desde 2014 y que ya no se adaptaba a las necesidades actuales de mercado.

Dentro de la justificación de la propuesta por parte de la Comisión Europea estaban que el BCRD no se había aplicado de manera consistente en los países europeos y el cumplimiento de los objetivos de la Década Digital para 2030. En especial el desarrollo de nuevos servicios como el Cloud Computing o la IA señalan que requiere de conectividad ultrarrápida y de mayor ancho de banda, con lo que resultaba necesario establecer una nueva directiva con el objetivo de garantizar despliegues más rápidos, más baratos y de forma más sencilla. Al mismo tiempo, debían solucionarse aquellas trabas administrativas, que elevaban costes y retrasaban los desarrollos de infraestructura de conectividad.

La revisión del BCRD de 2014 era un viejo anhelo de las empresas de telecomunicaciones, que lo veían como parte de su impulso para reducir costes y mejorar la inversión en el sector a través de iniciativas que simplificasen la implementación de desarrollos de infraestructura de conectividad. Era un consenso común por tanto que el BCRD necesitaba una reforma desde hacía bastante tiempo, ya que no había logrado generar un entorno político que permitiera la inversión necesaria para ayudar a Europa a tener un entorno digital acorde a sus necesidades.

Dado el firme convencimiento expresado en tantas ocasiones por las instituciones europeas de que llegar a todos los ciudadanos europeos con redes gigabit es clave para la inclusión socioeconómica, cuestión la cual según estudios como los de Analysys Mason y la propia UE requieren de un esfuerzo extra de 174 mil millones de euros hasta 2030, resulta evidente que se requería el inicio de una revisión de los postulados actualmente vigentes. En este sentido, la industria de las telecomunicaciones llevaba insistiendo en que se necesitaban reglas que realmente cambien los esquemas actuales, y que el GIA podía ser una oportunidad en la materia, mientras se esperaban las conclusiones sobre futuro de las comunicaciones electrónicas en la UE y la futura Digital Network Act (DNA) que debe guiar el futuro de la digitalización en Europa para los próximos años.

El acuerdo político alcanzado el 5 de febrero para el que se está ultimando la redacción final y se prevé su adopción en abril, no tiene una aplicación prevista hasta finales de 2025 (18 meses después de la entrada en vigor, con algunas excepciones) lo que en cierta medida dilata los propios objetivos para los que ha nacido.

El acuerdo del pasado febrero ha introducido una serie de medidas destinadas a agilizar el despliegue de redes, como el uso compartido de infraestructuras para optimizar recursos y reducir costes (incluidos ductos y postes). Se fomenta el co-despliegue y la coordinación de obras civiles, además de la dotación de edificios, para programar los desarrollos de banda ancha al mismo tiempo que se realizan otro tipo de obras públicas, tratando de generar sinergias que aceleren despliegues, reduzcan costes y eviten nuevas obras.

Una de las principales demandas por parte de las empresas de telecomunicaciones y que se ha incluido en el texto, era la introducción de medidas que promovieran la simplificación de los procedimientos administrativos relacionados con el despliegue de red, reduciendo obstáculos burocráticos y creando un marco de implementación común y armonizado en toda la UE basado en ejemplos de mejores prácticas. Centralizar los procesos actuales dispersos y fragmentados dentro de los Estados miembros era uno de los principales objetivos de las principales empresas de telecomunicaciones a nivel europeo.

La elaboración de la propuesta de directiva no ha estado exenta de discusión y polémica. Si bien la propuesta original de la Comisión Europea era positiva, el Consejo entendió que era necesario que se suavizaran algunos de esos elementos positivos (por ejemplo, eliminar el mecanismo tácito de aprobación de permisos como se mencionará más adelante) y el Parlamento Europeo propuso la abolición de los recargos por comunicaciones dentro de la UE para los consumidores, una medida completamente ajena a la voluntad inicial de la directiva, pero enmienda legal que resultaba atractiva para los eurodiputados en un año electoral.

Finalmente se evitó la prohibición de los recargos por comunicaciones dentro de la UE para los consumidores. El sector telco argumentó en este sentido que el mercado de llamadas dentro de la UE era competitivo y no necesitaba más intervención, como lo demuestra claramente el hecho de que los precios de las llamadas móviles dentro de la UE son competitivos. Además, los ciudadanos, incluidos los más vulnerables, y las empresas, se benefician de una variedad de ofertas de los operadores de telecomunicaciones, incluidas diferentes opciones y paquetes de tarifas de llamadas, y tienen acceso gratuito a diferentes aplicaciones OTT para comunicarse a través de fronteras sin coste alguno. Una mayor regulación de las llamadas dentro de la UE, por tanto, no parece que hubiera beneficiado a los colectivos en situación vulnerable, sino que los clientes en situaciones económicamente favorables se verían subsidiados por los clientes de menores ingresos, que utilizan menos las llamadas dentro de la UE. Pese a no haber sido introducida, todavía está sobre la mesa una mayor regulación de los precios minoristas de las llamadas dentro de la UE, sujeta a una evaluación de impacto previa.

Durante la elaboración, a su vez, se establecieron propuestas como impulsar la fibra frente a otras tecnologías (HFC) pero, finalmente el GIA garantiza el derecho de los propietarios de edificios a equipar el edificio con cableado interno alternativo además de fibra.

El GIA no cubre el acceso a la infraestructura física de los operadores establecidos bajo el régimen de Poder de Mercado Significativo (SMP) pero, en paralelo al acuerdo, la Comisión adoptó la ‘Recomendación Gigabit’; una recomendación que busca proporcionar directrices a las Autoridades Nacionales de Regulación (ANR) sobre cómo diseñar obligaciones de acceso para los operadores con poder de mercado significativo, promoviendo la competencia.

En definitiva, si bien se entiende que el GIA puede introducir medidas que ayuden al despliegue de infraestructura, el no mantenimiento (al menos integralmente) del espíritu original de la propuesta de la Comisión Europea y el hecho de que hasta al menos 18 meses no tiene aplicación práctica, su impacto, desgraciadamente, puede ser menor que el que se hubiera esperado al inicio.

Más allá de los aspectos positivos, preocupa que medidas cruciales para reducir el tiempo y el coste de implementación como la llamada ‘aprobación tácita’, hayan quedado altamente rebajados en cuanto a sus pretensiones originales y que ahora tan sólo sean una opción para los Estados miembros, lo que conduce otra vez a un mercado de 27 velocidades y no a una armonización europea como tanto se reclama. La propuesta original de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, de una ‘aprobación tácita’ real habría respondido mejor a la urgencia de desplegar redes gigabit.

De la discusión actual sobre el marco de la futura DNA y la aplicación de los aspectos positivos de este GIA se determinará el futuro del sector europeo de las telecomunicaciones, y si la voluntad de reconducir el camino iniciado por la Comisión Previa tiene una aplicación práctica real. A día de hoy, y fruto del resultado final de este proceso de GIA y de otros procesos que han venido desarrollándose en paralelo, las expectativas parecen resultar demasiado elevadas.

Artículo elaborado por el Grupo de Trabajo Regulación y Políticas de Telecomunicación