El Gobierno ha impulsado la elaboración de la Carta de Derechos Digitales. La medida es uno de los compromisos fundamentales del plan España Digital 2025. El borrador del documento, realizado mediante numerosas contribuciones de la sociedad civil y un grupo de expertos de primer nivel, se somete a consulta pública hasta el próximo 4 de diciembre.
El principal objetivo de esta Carta es reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales al entorno virtual, proponiendo así un marco de referencia para contribuir a su protección. Debido a que el desarrollo del mundo digital ha impactado de manera decisiva en la forma en la que se llevan a cabo todo tipo de actividades, y que la crisis sanitaria ha hecho más evidente esta transformación, desde la Secretaría de Estado de Digitalización e IA, perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, han considerado primordial la propuesta de vías orientadas a garantizar el respeto a los valores compartidos en el entorno digital.
En su elaboración, además de tener en cuenta un proceso amplio de consulta pública, la Secretaría de Estado ha contado con juristas, representantes de usuarios e internautas o consultores de ciberseguridad. Institucionalmente, han participado los ministerios de Justicia y Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y la Agencia Española de Protección de Datos.
La garantía de la protección de los derechos individuales y colectivos es la razón de ser de esta Carta, que ahora se somete a consulta pública. Asimismo, tras este periodo y la recogida de las observaciones y aportaciones realizadas, el texto final de la Carta de Derechos Digitales “inspirará los futuros pasos a seguir en la protección de la sociedad de cara a los nuevos retos digitales, fijando los principios sobre los que asentar la salvaguarda de los derechos fundamentales en el escenario digital”, tal y como reseñan desde el Ministerio propulsor del documento.
Así pues, España busca posicionarse a la vanguardia internacional en lo que respecta a la protección de los derechos de la ciudadanía, contribuyendo activamente en las diferentes iniciativas y debates que se están llevando a cabo en el ámbito europeo y global.
El grupo de expertos y expertas se encuentra integrado por Borja Adsuara, profesor, abogado y consultor; Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado; Manuela Battaglini, CEO de Transparent Internet; Tomás de la Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III; Susana de la Sierra, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha; Celia Fernández Aller, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Politécnica de Madrid; Enrique Goñi, del Instituto Hermes; Simona Levi, cofundadora de Xnet; Paloma Llaneza, CEO de Razona Legal Tech; Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universitat de València; Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet; José Luis Piñar, catedrático Derecho Administrativo de la Universidad CEU-San Pablo; Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional, Universitat de Barcelona; Javier Ruiz Díaz, policy director de Open Rights Group; Emilia Saiz, secretaria general de United Cities and Local Governments (UCLG) y participante en CC4DR (Cities Coalition for Digital Rights de Naciones Unidas); Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas; Rodolfo Tesone, diputado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y presidente de ENATIC; y Carissa Véliz, investigadora de Ética y Humanidades en la Universidad de Oxford (Foto: ICS/depostphoto).